Los partidos políticos
en la democracia
No se puede decir que una sociedad comienza a vivir una democratización auténtica hasta que la acción a favor del bien común deje de ser exclusiva del gobierno o de prominentes personalidades y comience a ser protagonizada también por organizaciones diversas que reúnen, por comunidad de intereses, a personas de distintos sectores de la sociedad. Esas organizaciones forman la sociedad civil, la cual se sitúa en una posición intermedia entre los ciudadanos simples y el gobierno, sirviendo de eficaz representación de los intereses de los primeros y de amortiguador y complemento del poder del segundo.
La gobernabilidad y el progreso no pueden ser conseguidos sólo con el protagonismo del Estado, ni siquiera en los casos en que se pueden ejercer las libertades individuales. Más aún, los poderes del Estado y los partidos políticos, lo que hoy conocemos por comunidad política, deben estar al servicio del ciudadano y de la sociedad civil. Es decir, el ejercicio de la política en sentido estricto, debe estar al servicio del ser humano y del entramado civil, su lugar natural de socialización. Así lo afirma el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, así como el pensamiento y las prácticas políticas más avanzadas de nuestro tiempo, en el cual la globalización y el ejercicio gradual de los derechos civiles han hecho imposible que los gobiernos solos puedan gestionar la gobernabilidad y el desarrollo.
En este sentido vale la pena acercarse al papel de los partidos políticos en la democracia(1), como organizaciones que son parte de la comunidad política, pero que también lo son del entramado civil, en cuanto a organizaciones distintas del Estado, aun cuando parte de su membresía pertenezca a las estructuras de este.
Más allá del hecho de que no se cuente aún con un marco legal que reconozca y proteja debidamente a los partidos políticos y a la sociedad civil, hoy es imprescindible en Cuba un esfuerzo de reflexión y la consecuente puesta en práctica de nuevos estilos de convivencia en la naciente sociedad civil y comunidad política, que puedan conducir a grados de democracia mayores que los actuales.
Relación entre los partidos políticos y la sociedad civil
Los partidos políticos son parte de la sociedad civil, no son su estrato superior. La idea de que algún partido, por su programa, arraigo popular, o cualquier otra razón, pueda erigirse como el grupo rector y excluyente del resto de los partidos, fue condenada por la doctrina social de la iglesia(2) y ha sido superada por buena parte de los sectores de la comunidad política internacional que una vez creyó en ella, sobre todo después que los modelos sociales organizados siguiendo este principio fracasaron.
La comunidad política está formada por los partidos políticos y las instituciones comprometidas en el ejercicio del poder. De manera natural los partidos políticos rivalizan pacíficamente por el ejercicio del poder, y tienen propuestas diversas de organización de la sociedad, la relación de dichos partidos con el resto de la sociedad civil debe ser de sana articulación e intercambio. De hecho, en muchas sociedades democráticas, las relaciones entre partidos políticos están cada vez más marcadas por las concertaciones para lograr coaliciones electorales y alianzas parlamentarias. La rivalidad lógicamente no ha desaparecido pero es cada vez menos el único signo en la relación entre los partidos políticos.
De la articulación de la sociedad civil y del carácter de las relaciones entre sus componentes depende en gran medida las condiciones para el bienestar y el desarrollo, depende incluso la paz. Por ejemplo, si en una sociedad abundan las organizaciones de corte racista o de exclusión por clases o religión, aun cuando la ley reconozca el libre ejercicio de los derechos civiles, no es raro que abunden los conflictos que puedan estallar violentamente, con graves consecuencias de inestabilidad económica y graves violaciones a los derechos fundamentales. Por otro lado, cuando existen condiciones que perpetúan la miseria material y moral de una parte de la sociedad, las relaciones sociales se polarizan y pueden también estallar violentamente.
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La libertad guiando al pueblo (1830, Museo del Louvre, París)
es una de las obras más claramente románticas y célebres de Eugène Delacroix.
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Hoy aparecen en América Latina nuevos mesianismos que encuentran arraigo en los sectores menos favorecidos de la sociedad, que en algunos casos son escandalosamente amplios y marginados. No es primera vez que sucede, los cubanos lo sabemos bien, y no sería la última en que no se reconozcan en efecto los derechos civiles y se promuevan políticas de verdadera promoción humana que haga viables los métodos de la concertación y el empeño individual y de la pequeña empresa para el progreso, en ese sentido los obispos cubanos dijeron en 1940 a los delegados a la Asamblea Constituyente: “Estamos firmemente convencidos de que una gran parte de trabajadores que hoy militan en partidos extremistas, cuyo objeto es una perniciosa cuanto inhumana lucha de clases, lo hace porque se siente desamparada y los abandonaría, pasando de la lucha de clases a la cooperación de las mismas, si encontraran apoyo para sus legítimas aspiraciones y protección para sus derechos.”(3)
Las relaciones entre los partidos políticos y la sociedad civil debe ser transparente, con objetivos y estilos claros, sin segundas intenciones, de modo que los partidos políticos no traten a las organizaciones civiles como meros generadores de apoyo electoral, sino como a iguales con los que conviene y se quiere trabajar juntos. Por ejemplo, puede que un partido político consulte a una organización de educadores a la hora de preparar su programa de educación, pero eso no quiere decir que por eso dicha organización pase a hacer proselitismo partidista, ni que el partido aproveche la ocasión de la consulta para ofrecer recursos económicos a cambio de apoyo electoral. La organización, si es no partidista, no debe pasar a ser correa de transmisión de los intereses del partido, ni tampoco influir en sus miembros para que den su apoyo o voto a ninguno, eso corresponde a la libertad ciudadana de cada cual.
¡Qué fructífero resulta para la sociedad el hecho de que haya espacios de debate libre y abierto, donde cada cual pueda decir, discrepar, apoyar o disentir, sin que sea visto con sospecha o como un enemigo! La capacidad de intercambiar libremente ideas y colaboración no es algo que viene por sí solo porque la ley lo permita, es algo que se cultiva bajo cualquier circunstancia, por parte de las personas y los grupos que quieran ser ciudadanos u organizaciones civiles sanas y fructíferas.
Los partidos no deben tener a la sociedad civil como un «campo de reclutamiento», donde hay que buscar el mayor número posible de adeptos. Sino como el lugar natural y primero donde presentar su propuesta social para articular colaboraciones que contribuyan a su realización, con independencia de que se alcance o no el poder.
Congregar, hacer pactos, concertar es parte del trabajo propio de los partidos, ya que el gobierno en democracia —ni a nivel de un pequeño pueblo, ni al nivel del país— puede hacerse sin el concurso de una pluralidad de personas, estilos, intereses y organizaciones que aceptan trabajar juntas en un proyecto común. Pero dicho trabajo de concertación no deberá estar encaminado a formar una especie de «redil» donde el partido en cuestión sea «el pastor», sino para formar un equipo formado por organizaciones y personas que tienen su propia autonomía, proyectos y prácticas, pero que además trabajan por un interés común. En dicho equipo el partido político debe ser «catalizador» y «aglutinante». Por ejemplo: si un partido quiere promover la iniciativa privada y la pequeña empresa como parte de su política económica, podría crear una concertación con gremios y organizaciones de derechos humanos para buscar la aprobación de leyes que faciliten la inversión, la obtención de créditos y la protección de la propiedad intelectual, además de apoyo electoral y aliados para protestar contra lo que se considera injusto, en lugar de buscar «correas de transmisión» o «peones para mover en el ajedrez político», a cambio de presuntos beneficios inmediatos, o cuando se alcance el poder.
Papel de los partidos políticos
en la sociedad
El papel de los partidos políticos es estudiar las necesidades de la nación y servirla proponiendo programas políticos como proyectos para garantizar el respeto de los derechos humanos, el desarrollo económico y la búsqueda del bien común. El ejercicio del poder, al que aspira todo partido, es un servicio al resto de la nación, y debe hacerse teniendo como base un proyecto claro y coherente con el espíritu de la organización y la visión que tenga de la realidad, dicho proyecto. Los electores en una democracia auténtica no eligen tanto a personas carismáticas como a proyectos que responden a sus intereses y necesidades. Si los partidos políticos y coaliciones, tienen un proyecto para «enamorar» a los electores y luego gobiernan con otro están siendo incoherentes y traicionando a sus electores. En ese caso los ciudadanos, y sobre todo la sociedad civil y el resto de la comunidad política, deben oponerse a dicho comportamiento para que cambie o de lo contrario revocar al gobierno. Los cambios de tácticas o estrategias son propios de cualquier gobierno moderno, pero estos deben estar al servicio del proyecto que los electores votaron. Si se hace sistemático que los gobiernos electos democráticamente defrauden a sus electores, entonces muchos no encontrarán escrúpulos en darle su voto (o a apoyar en un golpe militar) a un «mesías» que postule un programa totalitario que incluya el debilitamiento o la anulación de muchas de las instituciones democráticas. Un poco de eso pasó en Cuba en los dos períodos de gobiernos dictatoriales (una de derecha y otra «del proletariado») que sucedieron al 10 de marzo de 1952, tras el desprestigio de la democracia por las prácticas de muchos políticos y el arraigo popular de los “aldabonazos” de Eduardo Chibás. La incoherencia política prepara el camino a la dictadura porque atenta contra la democracia en su misma esencia, la representatividad.
Por otro lado, en la democracia la oposición política es un servicio. El mismo consiste en el ejercicio del derecho de un partido político a vigilar con ojo crítico la labor del gobierno y del resto de los partidos, para contribuir con ello al bien común. Si esto es así, el partido opositor no solo denuncia las prácticas del gobierno que considere incorrectas, sino que reconoce y apoya las que sí considere que lo sean. La oposición es constructiva cuando es propositiva, cuando va a la esencia de los problemas y no se detiene en detalles sin importancia; cuando usa los medios de difusión para buscar el bien común y no sólo para crear estados de opinión a favor de intereses sectarios.
La oposición política debe ser pacífica. La violencia siempre engendra violencia. La democracia y el progreso no se construyen con la lógica de los vencedores y vencidos, sino con la lógica de la concertación y la tolerancia bajo la ley; esto no excluye, por supuesto, el ejercicio del derecho a la huelga(4) y de la protesta pública. Durante todo el período del socialismo real en Cuba, la oposición ha sido pacífica por opción, y los opositores han defendido esa postura a toda costa, eso es una gran novedad en nuestra historia y constituye una riqueza a conservar y cultivar.
Los partidos políticos deben competir en buena lid por del servicio que deben realizar. Deben respetar siempre la integridad y los derechos de los demás partidos y organizaciones de la sociedad civil, así como acatar las decisiones de las instituciones encargadas de vigilar el orden del juego democrático como pueden ser los Tribunales de Cuentas, las Comisiones Electorales, o el Poder Judicial. Esto no excluye la protesta pacífica contra las arbitrariedades, el enjuiciamiento de las mismas, así como la promoción de cambios en dichas estructuras de cuidado del orden cuando estas no cumplen bien sus funciones. El respeto a la persona debe ser inviolable, la crítica a las políticas o a las corrupciones, pero nunca a la persona del político o el presunto corrupto, conserva la credibilidad y la eficacia del debate público. Por desgracia en la actualidad en Cuba estamos acostumbrados a ver lo contrario en los medios de comunicación y en el discurso de los que pueden usarlos. Esta costumbre no puede continuar, si aspiramos a un debate público de mayor alcance y eficacia, sin el cual es imposible alcanzar mayores grados de democracia.
La ley y los partidos políticos
En la Constitución, ley fundamental de cualquier república, debe estar refrendado el derecho de asociación y participación democrática de todos los ciudadanos y como parte del ejercicio del mismo, el derecho a la fundación de partidos políticos, así como los elementos de su estructura y funcionamiento que se pueden exigir desde una ética de mínimos que promueva el bien común. Los elementos de apertura, inclusión, transparencia, competitividad y pacifismo deben estar presentes.
En coherencia con la constitución la ley debe establecer los principios generales que deben ser inviolables para dichos partidos, su estructura de funcionamiento, el contenido de sus programas, y su relación con el resto de la sociedad civil y el Estado. En este sentido la ley podría exigir a los partidos políticos una serie de características que facilitarían su servicio en una sociedad democrática, como por ejemplo:
- Abiertos: que no se restrinjan a ciudadanos de determinada clase social, raza, religión o género.
- Incluyentes: que contemplen la posibilidad de la colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil.
- Competitivos: que se declaren sin mayores derechos o responsabilidades que otros y dispuestos a competir con los demás partidos en las urnas y en la animación de la sociedad.
- Pacíficos: que opten explícitamente por la no violencia en todas sus prácticas, internas y externas.
- El contenido de sus programas y estatutos: claros, dialogantes, respetuosos, pacíficos, capaces de consensos, concertaciones y alianzas.
- Respetuosos de los derechos de las personas y los principios de la democracia.
De la misma manera debería condenar algunas características contrarias al respeto a los derechos humanos, como pueden ser:
- Tener un programa o una práctica política destinada a destruir el orden democrático de la sociedad.
- Que opte por la violencia, la xenofobia, el racismo o algún tipo de discriminación de género, religión o ideología.
- Que opten por la violencia o que basen su política en la agresión a las personas o instituciones en su integridad.
Los límites, el registro y las regulaciones al trabajo de los partidos deben estar consagrados en la ley y custodiados por el poder judicial, el cual debe siempre mantenerse independiente de los partidos políticos, porque de lo contrario éstos podrían alcanzar poderes que desestabilicen o anulen en la práctica la democracia misma, tal como ha sucedido en países con regímenes formalmente democráticos y estados que funcionan bajo el modelo de la división de poderes.
La Constitución y el correspondiente complemento en la ley positiva debe explicitar claramente la primacía de la sociedad civil sobre los partidos políticos, evitando conceder a estos últimos prerrogativas o poderes que los coloquen por encima de los ciudadanos o del resto de las organizaciones. Por ejemplo, evitar el hecho de que sólo los partidos políticos puedan aspirar al poder en los procesos electorales a cualquier nivel, cualquier ciudadano o grupo independiente creado al efecto debe poder hacerlo. O evitar el hecho de que sólo los partidos tengan iniciativa legislativa, cualquier ciudadano o grupo de la sociedad civil debe poder tenerla.
Para garantizar la gobernabilidad y el crecimiento de la sociedad civil, es necesaria la existencia de una Ley de Asociaciones adecuada. Dicha Ley debe exigir a todas las organizaciones de la sociedad civil que sean coherentes con el programa general y el espíritu de funcionamiento que aparece en el Registro de Asociaciones, los cuales deben ser coherentes con los mínimos que exige la Ley de Asociaciones. Al mismo tiempo las organizaciones deben poder actualizar con facilidad su «perfil» en el Registro de Asociaciones, el cual debe estar siempre de acuerdo con dichos principios. Por ejemplo, si una asociación de profesionales se funda sin objetivos de lucro, no puede comenzar a cobrar servicios sin actualizar su «perfil», ya que el cambio requeriría entre otras cosas pagar impuestos, lo cual no le era exigido antes.
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El frontispicio del libro del Deuteronomio de la Biblia Bury de principios del siglo XII, muestra dos escenas con el tema de Moisés exponiendo la Ley. En la escena superior aparecen Moisés y Aarón entregando la Ley a los israelitas y, en la inferior, Moisés diferenciando las bestias puras de las impuras. La Biblia Bury procede de la abadía de Bury Saint Edmunds de Inglaterra.Enciclopedia EncartaBridgeman Art Library, London/New York |
La supremacía de la sociedad civil
La comunidad política debe estar al servicio de la sociedad civil, así lo postula la doctrina social de la Iglesia(5) y ocurre en la práctica en muchos de los países que hoy llamamos democráticos y desarrollados.
El reconocimiento de dicha supremacía de la sociedad civil sobre los partidos políticos evita la «partidocracia» en la cual la comunidad política se puede convertir en un poder no controlado por los ciudadanos y el Estado, y puede que sea tan grande que deteriore el funcionamiento del propio Estado y de la sociedad civil. Estas situaciones pueden conducir a violaciones de los derechos humanos y pobreza material y moral propios de las dictaduras, aun cuando nominalmente existan las elecciones y las instituciones democráticas. En Cuba es necesario el cambio de los preceptos constitucionales con respecto a los partidos políticos, y la consecuente complementación con nuevas leyes de asociación y de partidos políticos.
La Constitución también debe refrendar el derecho a aspirar y ejercer el poder político por parte de cualquier ciudadano, la ley positiva debe aclarar los mínimos necesarios a exigir a un ciudadano para ejercer este derecho, así como los delitos relacionados con el ejercicio de dicho servicio, y las sanciones correspondientes a los mismos.
Las organizaciones y grupos de sociedad civil son el espacio natural de socialización de los ciudadanos por tanto la familia y el resto de sus organizaciones son los espacios concretos de formación de la conciencia ciudadana y del ejercicio de las libertades y responsabilidades cívicas. Esto hace que muchos ciudadanos que se han comprometido seriamente con los mismos, pasen en un momento determinado a militar en los partidos políticos, pues estos últimos serán el espacio donde los ciudadanos que así lo entiendan por vocación, puedan ejercer sus derechos y deberes correspondientes con el ejercicio del poder. Mientras más abierta, incluyente, transparente y eficaz sea la gestión de un partido, mayor cantidad de ciudadanos encontrarán ahí un lugar de compromiso político explícito, y mayor número de ciudadanos no afiliados a éste le darán su voto en las elecciones a cualquier nivel.
El Estado o los partidos políticos no pueden, aun cuando dediquen a ello los debidos recursos y esfuerzo, realizar por sí solos la educación cívica de los ciudadanos sin la cual no hay orden democrático que funcione. La sociedad civil es el espacio natural de educación cívica de los ciudadanos.
La sociedad civil ejerce también una función de control sobre los partidos políticos, de forma análoga a lo que lo hace con respecto al Estado, en cuanto a que ejerce la crítica, demanda posturas en los programas políticos, así como gestiones cuándo éstos están en el poder, de acuerdo a los intereses de los ciudadanos que conforman las organizaciones, gremios y grupos. Por ejemplo, si los gremios y sindicatos de educadores y de defensa de los derechos del niño y la familia, demandan reformas en la educación y mayores recursos para la enseñanza, un partido que quiera aspirar a ejercer el poder a cualquier nivel debe responder a esta demanda, a menos que se arriesgue a no contar con un buen número de electores vinculados a estos gremios y sus sectores de influencia.
Hacia nuevos estilos de convivencia
La sociedad civil cubana ha ido madurando gradualmente y a muy altos precios, los pequeños grupos, organizaciones y partidos, han ido encontrado su identidad y consolidado sus prácticas poco a poco. Al mismo tiempo que esto sucede, no debe descuidarse el esfuerzo de articulación, que consiste en la búsqueda de puntos comunes, en la colaboración respetuosa y gradual, así como en la concertación. En estos momentos de nuestra historia, es más importante el camino para la consecución de empeños comunes, que la discrepancia en cuanto a visión de los problemas y sus soluciones técnicas, lo cual es propio de las prácticas parlamentarias democráticas que aun no tenemos. Las formas de convivencia que queremos para el futuro deben nacer hoy, o no existirán nunca. Si la buena voluntad y el espíritu de reconciliación no florecen en las dificultades, ¿cómo esperamos que lo hagan después? Si no sabemos usar la libertad cuando las cuotas que se disfrutan son pequeñas ¿cómo aspirar a saber usar las grandes?
De la manera en que las personas y los grupos de la sociedad civil y la comunidad política en Cuba hoy afrontemos estos retos, dependerá el estilo de convivencia social de mañana. Tengo fe en que el carácter bondadoso, solidario y emprendedor de los cubanos se imponga.
Referencias:
1. Está claro que en el orden social que impera en Cuba la sociedad civil y los partidos políticos no son vistos de esta manera. Las organizaciones políticas son sólo extensiones del poder del partido único, para garantizar “las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista.” Los partidos políticos de oposición están proscritos, así como las organizaciones de la sociedad civil que no se supediten al Estado.
2. Es necesario recalcar, además, que ningún grupo social, por ejemplo un partido, tiene derecho a usurpar el papel de único guía porque ello supone la destrucción de la verdadera subjetividad de la sociedad y de las personas-ciudadanos, como ocurre en todo totalitarismo. En esta situación el hombre y el pueblo se convierten en «objeto», no obstante todas las declaraciones contrarias y las promesas verbales. Llegados a este punto conviene añadir que el mundo actual se dan otras muchas formas pobreza. En efecto, ciertas carencias o privaciones merecen tal vez este nombre. La negación o limitación de los derechos humanos —como, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a participar en la construcción de la sociedad, la libertad de asociación o de formar sindicatos o de tomar iniciativas en materia económica— ¿no empobrecen tal vez a la persona humana igual o más que la privación de los bienes materiales? Y un desarrollo que no tenga en cuenta la plena afirmación de estos derechos ¿es verdaderamente desarrollo humano?. (Cf, Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo Rei Socialis, pp 15. 1987)
3. Exposición del Episcopado Cubano a los delegados a la Asamblea Constituyente, 6 de febrero de 1940. El párrafo citado corresponde al acápite 5 de la Exposición en el que piden “a la Asamblea Constituyente redacte una Constitución que tienda a realizar la armónica comprensión del Capital y del Trabajo.” En la misma reconocen este elemento como fuente principal de los conflictos del mundo en su época y del surgimiento de partidos y grupos civiles que en Cuba optaban por la violencia y la dictadura como formas de resolver los problemas económicos y sociales.
4. Cf. Juan Pablo II. Encíclica Laborem Exercens, pp 20, 1981. En la Carta se reconoce el derecho a la huelga como un recurso pacífico en la consecución de los derechos de los trabajadores.
5. “La comunidad política se constituye para servir a la sociedad civil, de la cual deriva. La Iglesia ha contribuido a establecer la distinción entre comunidad política y sociedad civil, sobre todo con su visión del hombre, entendido como ser autónomo, relacional, abierto a la Trascendencia: esta visión contrasta tanto con las ideologías políticas de carácter individualista, cuanto con las totalitarias que tienden a absorber la sociedad civil en la esfera del Estado.” Pontificio Consejo Justicia y Paz. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Cap. 8, p 417. 2005.