Con bastante frecuencia se acercan
a la Iglesia numerosas personas buscando ayuda,
buscando orientación o apoyo para alguna gestión, por
razón de alguna injusticia o para reclamar lo que consideran
un derecho.
No se trata sólo de personas de bajo nivel educacional, sino
también profesionales de las más diversas especialidades,
maestros, médicos, incluso abogados, psicólogos, jóvenes
y adultos
cada cual con su tema, cada uno con su historia.
Hay algo que quisiera destacar y que salta a la vista y a la razón
en todos ellos, sin excepción: se trata de la falta de educación
jurídica, la falta de información de todo tipo, la falta
de orientación sobre a quién acudir en caso de alguna
necesidad o reclamo. Se trata de una especie de analfabetismo funcional
acerca de para qué sirven las estructuras sociales. Se trata
de una ignorancia política que les impide incluso conocer sus
propios derechos y deberes.
Esta indigencia cívica coloca a cualquier ciudadano en una situación
de indefensión aplastante. Puede ser un especialista brillante
en biotecnología o un doctor en ciencias sociales, pero no sabe
a dónde dirigirse cuando le son violados algunos de sus derechos
más elementales. No sabe distinguir el trabajo de los bufetes
colectivos de la función social de la fiscalía. Por ejemplo:
hace unos días me encontré con un médico que le
han retenido su salida del país durante cinco años y le
sugería que reclamara en la fiscalía y me contestó
casi horrorizado: ¿Estás loco? La fiscalía
es dónde acusan a la gente y le piden años.
Otro día me detiene una señora con una carta abierta,
evidentemente violada y luego mal pegada y me dice: ¡Mira,
lo que le han hecho a mi carta! Parece mentira que sean tan chapuceros.
Es decir, ya lo que le asombraba no era la violación del derecho
constitucional de que la correspondencia es inviolable, sino que pegaran
el sobre de forma evidente y chapucera. Cuando le digo que vaya al Correo
y reclame, la misma respuesta de cientos de conciudadanos nuestros:
¡eso es por gusto!
Meses atrás en una reunión de una Comisión de Justicia
y Paz de la Iglesia Católica se atendía a una persona
que había presentado un caso de violación del debido proceso
y tenía todas las pruebas en la mano. Cuando se le sugirió
conformar un expediente, que lo firmara personalmente, para presentarlo
ante las autoridades competentes en busca de solución, recogió
todos sus papeles, dijo que no quería firmar nada, que si la
Comisión deseaba presentarlo por su cuenta, que lo hiciera, pero
que ella tenía miedo y no sabía en qué podía
perjudicarle aquella gestión. Recogió y se fue diciendo
que, a lo mejor, el remedio era peor que la enfermedad.
Estos casos y otros muchos son signo y diagnóstico de una situación
de indefensión del ciudadano que está en contradicción
esencial con un Estado de Derecho, es decir, con la posibilidad real
y efectiva, expedita y asequible para todos, de que exista siempre un
recurso a la justicia o por lo menos a la atención del ciudadano,
sin que este tema que el recurso empeore su situación o le traiga
más problemas.
En todos los ámbitos de la vida la defensa de los derechos y
las oportunidades de los ciudadanos debe formar parte del ejercicio
cotidiano de la libertad personal y de la responsabilidad civil.
Si los derechos de los clientes no tienen en las tiendas y mercados
una defensa real y directa, de nada valen esos carteles en las puertas
de los comercios que explican los derechos del consumidor o del cliente.
De nada valen los buzones de quejas y sugerencias que en su inmensa
mayoría permanecen vacíos
¿Por qué
ocurrirá así? ¿Será porque no hay motivos
para quejarse o será que los clientes no creen en ese mecanismo
y se sienten indefensos ante los abusos y maltratos de los vendedores?
La indefensión del consumidor no sólo perjudica al que
compra, sino que perjudica gravemente el prestigio, el marketing y la
gestión de los que intentan vender a toda costa, con malos tratos,
con indiferencia soberana, con desgano y con trampas al consumidor,
que expresa esa situación de indefensión saliendo de la
tienda, meneando la cabeza y diciendo: ¡Todo es por gusto!
Si los derechos de los trabajadores no tienen en los propios centros
de trabajo, en los sindicatos, en los tribunales, una defensa real y
efectiva que resuelva a favor del que tiene la razón. Si la administración
que paga, es juez y parte. Si no hay una instancia superior e independiente
a los que cometen las injusticias o arbitrariedades, entonces los trabajadores
caen en ese estado de indefensión que expresan diciendo: ¡Todo
es por gusto!
Si los derechos de los ciudadanos que piensan distinto y tienen otras
opciones ante la vida tienen que ser defendidos en tribunales o instancias
administrativas que no son independientes de los que trazan la forma
en que hay que pensar y las únicas opciones permitidas, entonces
esos ciudadanos caen en ese estado de indefensión que les conduce
a marcharse de este país con una última frase en sus labios
y una amargura grande en su corazón: ¡Todo es por gusto!
Si los jóvenes no encuentran espacios para defender y expresar
sus criterios y demandas de cambio, como ocurre en cualquier lugar del
mundo. Si los religiosos no tienen otra instancia judicial donde reclamar
el derecho a construir templos, a expresar su fe en los ámbitos
públicos, a tener acceso a los medios de comunicación
o a escoger como creyentes el tipo de educación que desean para
sus hijos
esos jóvenes y esos religiosos caen en un estado
de indefensión tal que no encuentran a dónde acudir y
expresan el ya consabido: ¡Todo es por gusto!
No caigamos en esa tentación terrible que sólo refuerza
la indefensión misma y la fuerza del que quebranta la justicia.
No todo es por gusto. No todo está perdido. Nos quieren hacer
creer que o todo cambia de una vez o nada cambia. Los cubanos tenemos
la tentación de querer que cambie todo al mismo tiempo y de una
vez. Y esto no ha sido así nunca, en ningún lugar. Esta
es la causa del inmovilismo: creer que todo es por gusto. Que nada de
lo que hagamos cambiará nada. Es una trampa para que todo siga
igual.
Frente a la indefensión de los ciudadanos no basta la queja.
Es necesario combinar un conjunto de actitudes y acciones para empoderar
a las personas, para cultivar su autoestima y su autogestión.
En primer lugar: la educación sobre los derechos y deberes que
cada uno tiene la merece por ser persona, no porque nadie, ni el Estado,
ni los tribunales, ni la administración laboral nos los concedan.
Vienen de nuestra naturaleza humana y nos han sido dados por el mismo
Dios. Nadie tiene en este mundo poder para obviar, violentar o desconocer
estos derechos. Ni Dios mismo los viola. Dios respeta, como nadie, nuestra
libertad.
En segundo lugar: Crear, adecuar o renovar las estructuras, las instancias
que defienden los derechos de los ciudadanos. Eso contribuye a viabilizar
esa institución que existe en muchos países que le llaman:
Defensor del Pueblo, Tribunal de Garantías Constitucionales,
Atención a los ciudadanos, Vicarías de la Solidaridad,
Consultorías jurídicas, etc.
En tercer lugar: el tejido de la sociedad civil, las asociaciones de
ciudadanos, los sindicatos, las Iglesias, las organizaciones vecinales,
las escuelas y centros de formación, las asociaciones culturales,
junto a otras muchas, deben ser espacios de participación y solidaridad
donde los ciudadanos puedan superar su indefensión y puedan encontrar
apoyo efectivo, afectivo y acompañamiento en su propio desempeño
frente a las violaciones de sus derechos.
En cuarto lugar: los medios de comunicación social, la televisión,
la prensa escrita y radial, la Internet, deben contribuir con su información
precisa y verídica a la educación para la defensa de los
derechos de todos sin distinción. La información manipulada
y deformada, o la simple falta de información, es el peor enemigo
de los derechos de las personas. El grado de indefensión de los
ciudadanos es directamente proporcional con el grado de desinformación
y manipulación de los medios de comunicación social.
Estas y otras soluciones para la defensa de los derechos de las personas
no son por gusto, es decir, no son baldías. Si las conocemos
y las aplicamos, serán efectivas y darán a los ciudadanos
soberanía y derecho.