n su última votación el
Consejo de Seguridad de la ONU no condenó a Cuba por presunta violación de los derechos
humanos. La decisión alegró a unos y desagradó a otros, sobre todo a quienes de manera
sistemática han denunciado casos de violación de Derechos fundamentales de la persona.
Se está produciendo también la visita de cancilleres y otras personalidades
gubernamentales y de la sociedad civil de muchos países (visitas que a veces incluyen en
su agenda a organizaciones independientes y de oposición en Cuba), incluso, de los que
hasta hace muy poco tenían una actitud más bien contraria en su política hacia nuestro
país. Muchos coincidimos en que estos hechos son muestras de una situación internacional
favorable y que en ello ha influido sobremanera la visita de Su Santidad.
¿Qué ha sucedido? ¿Ha
cambiado la realidad cubana de un año para otro? ¿Aquellos casos de violación de
derechos que hace un tiempo eran indiscutibles, han dejado de ocurrir? ¿ Han dejado los
políticos del mundo de discrepar en ciertos puntos con el gobierno cubano? ¿O lo que ha
cambiado es la política de la Comunidad Internacional para con nuestro país? ¿No se
tratará de una opción por el diálogo como método, por encima de la condena? ¿No se
tratará de una "apertura" que espera ser correspondida?
Es evidente que la realidad
no cambia tan rápido y menos si no están dadas las condiciones para ello. Estamos sin
duda ante una nueva oportunidad de adelantar mucho en el camino de lograr mayores grados
de reconocimiento y ejercicio de los Derechos Fundamentales de la Persona.
Sin embargo, muchos
ciudadanos ni siquiera saben sus derechos, o cómo reclamarlos, además las instancias que
existen para ello en la sociedad padecen de creciente desprestigio. Vuelve a aparecer
aquí el tema de la educación cívica mencionado varias veces por el Papa en Cuba.
¿Está bien orientada en este sentido la Educación Cívica que se imparte en las
escuelas? ¿Ha priorizado la Iglesia suficientemente este servicio? Un paso muy importante
para superar la parálisis política de los ciudadanos y alcanzar mayores grados de
ejercicio de los Derechos fundamentales es la creación de estructuras de la sociedad
civil (y renovación de las que ya existen) que ayuden a las personas a conocer sus
derechos y reclamarlos ante la ley de forma rápida y eficaz.
¿Cómo hacer esto si los
cubanos no tenemos ni siquiera la costumbre de asesorarnos en cuestiones jurídicas y
cívicas?. El Centro de Formación Cívica y Religiosa ha organizado una Consultoría que
funciona hace ya algún tiempo. En este lugar se brinda asesoría para que los ciudadanos
puedan, con mayor facilidad, resolver problemas psicológicos, adquirir criterios de
juicio que le sirvan para tomar alguna decisión, o para cursar algún trámite legal que
necesita y que no sabe cómo realizar. Varios animadores ofrecen este servicio de forma
gratuita y ven con tristeza que muchos que lo necesitan no acuden a recibirlo. Es
necesario entonces que los ciudadanos tomen conciencia de su propia necesidad, al mismo
tiempo que se abran más espacios como este.
En varios lugares del mundo
existen consultorías de este tipo, algunas ofrecen especialmente el servicio de ayudar a
las personas en litigios relacionados con la reclamación de derechos. Las Comisiones
Justicia y Paz de muchas Iglesias particulares también ofrecen este servicio como parte
del anuncio profético que acompaña y complementa a la denuncia que realizan sobre las
distintas realidades sociales. En nuestro país existe dicha comisión, pero no realiza
aún muchos de los servicios que le son propios. Estas instituciones no son opositoras
políticas al gobierno sino servidoras de ciudadanos individuales y organizaciones
civiles. Me viene a la mente ahora El Defensor del Pueblo, obra que comenzó siendo una
pequeña oficina de abogados que ayudaban a las personas a llevar adelante litigios
relacionados con reclamación de sus derechos y ha terminado siendo un ministerio del
Estado Español al servicio de la defensa de los derechos civiles y políticos.
Reclamar derechos significa
muchas veces cuestionar la justicia y eficacia de disposiciones de la dirección del
centro de trabajo, o de la escuela; criticar estructuras de la sociedad; pedir el cambio
de la letra de alguna ley, o abrir una causa judicial contra un vecino o contra un
dirigente del gobierno. No es un secreto que estas cosas en Cuba son vistas de antemano
como actos contra la sociedad o desestabilizadores de la seguridad del propio estado.
Esto, junto con el carácter inamovible que han demostrado tener muchas estructuras
sociales, hace que los ciudadanos no vean utilidad en reclamar sus derechos y que lo vean
más bien como un peligro para su propio bienestar.
En Cuba es necesario que
todos asumamos actitudes nuevas en materia de derechos humanos. Los ciudadanos por ejemplo
debemos procurar una formación cívica que nos permita reconocer nuestros deberes y
nuestros derechos, así como los procedimientos legales para hacerlo. Todo ciudadano debe
conocer la legalidad de aquellos ambientes donde transcurre su vida, las leyes
relacionadas con la vivienda, la escuela, la salud pública, y el trabajo, especialmente
los trabajadores por cuenta propia. Debe saber también a dónde dirigirse en caso de
reclamaciones, o dónde le pueden orientar. Pero lo más importante es que tomemos
conciencia de que el empeño por alcanzar mayores grados de ejercicio de los derechos
ciudadanos es un deber, imprescindible como buscar el pan diario, y un aporte al bien
común.
Las organizaciones de la
sociedad civil son por naturaleza el apoyo de los ciudadanos, y la contraparte crítica
del poder político, de modo que la voz de los ciudadanos sea "amplificada" y la
autoridad del Estado no sea una pesada carga sobre la persona. Así se contribuye a que el
poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantenga
en su justo límite (Cf. Juan Pablo II, Centesimus Annus, 44a).
El desarrollo de grupos
autónomos de la sociedad civil en Cuba no avanza lo suficiente, en parte porque por lo
regular los ciudadanos no se empeñan en ello, en parte porque no conocen los mecanismos
legales que existen para ello, o porque dichos mecanismos no han demostrado eficacia, o
porque los espacios de participación oficiales (muchos de los cuales se han vuelto
obligatorios) tienden a "absorber" al ciudadano y éste responde con una especie
de rechazo a las reuniones y a los grupos que no sean los informales de la vida cotidiana,
los cuales también son muy necesarios.
El Estado entonces debe
crear un marco jurídico propicio para el desarrollo de la sociedad civil, permitiendo que
haya espacios independientes de éste donde el ciudadano encuentre apoyo en la
reclamación de sus derechos.
"Es perfectamente
conforme a la naturaleza humana que se encuentren estructuras jurídico políticas que
ofrezcan siempre a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, mayores posibilidades
concretas de tomar parte libre y activamente, sea en la determinación de los fundamentos
jurídicos de la comunidad política, sea en la gestión de los asuntos públicos, sea en
la fijación de los campos de acción y de los límites de los diversos organismos, como
también en la elección de los mismos dirigentes. (Constitución «Gozos y Esperanzas»
del Concilio Vaticano II, p.75).
Las estructuras de poder
necesitan contraparte, de forma que sus errores y corrupciones sean siempre denunciados y
puedan ser corregidos. Las leyes por sí solas no bastan para garantizar los derechos de
los ciudadanos, pues las mismas pueden estar mal dictadas y ser, por tanto, injustas. Son
necesarias estructuras de la sociedad civil que sean voz de las personas que no tienen
poder o instrucción suficiente en asuntos legales. Acusar a la autoridad en Cuba es
considerado prácticamente un delito a priori, sin tener en cuenta que esto es común en
la más genuina democracia; dicha situación debe cambiar si se establece en la práctica
un ambiente jurídico que lo permita, y los ciudadanos, los grupos y el Estado se disponen
al diálogo.
Las organizaciones
políticas alternativas que ya existen en Cuba deben procurar el diálogo nacional (que no
es solamente el diálogo con el gobierno, sino en todos los estratos de la sociedad), y es
tiempo de que su trabajo pase más allá de la denuncia de violaciones de los derechos
humanos a la propuesta y realización de nuevas prácticas políticas que usen como
método el diálogo. El que denuncia lo injusto hace un gran servicio, pero de poco vale
denunciar sin anunciar, sin proponer la solución.
Cuba vive un momento crucial
de su historia y todos debemos comprometernos en él para salvar a la perla de las
Antillas de "llantos y afán" de manera que atraviese el umbral del progreso y
la democracia junto a otros pueblos del mundo.