julio-agosto. año V. No. 26. 1998


JUSTICIA

Y PAZ

DERECHOS HUMANOS

Empeño de todos

por Sergio Lázaro Cabarrouy

 

 

En su última votación el Consejo de Seguridad de la ONU no condenó a Cuba por presunta violación de los derechos humanos. La decisión alegró a unos y desagradó a otros, sobre todo a quienes de manera sistemática han denunciado casos de violación de Derechos fundamentales de la persona. Se está produciendo también la visita de cancilleres y otras personalidades gubernamentales y de la sociedad civil de muchos países (visitas que a veces incluyen en su agenda a organizaciones independientes y de oposición en Cuba), incluso, de los que hasta hace muy poco tenían una actitud más bien contraria en su política hacia nuestro país. Muchos coincidimos en que estos hechos son muestras de una situación internacional favorable y que en ello ha influido sobremanera la visita de Su Santidad.

¿Qué ha sucedido? ¿Ha cambiado la realidad cubana de un año para otro? ¿Aquellos casos de violación de derechos que hace un tiempo eran indiscutibles, han dejado de ocurrir? ¿ Han dejado los políticos del mundo de discrepar en ciertos puntos con el gobierno cubano? ¿O lo que ha cambiado es la política de la Comunidad Internacional para con nuestro país? ¿No se tratará de una opción por el diálogo como método, por encima de la condena? ¿No se tratará de una "apertura" que espera ser correspondida?

Es evidente que la realidad no cambia tan rápido y menos si no están dadas las condiciones para ello. Estamos sin duda ante una nueva oportunidad de adelantar mucho en el camino de lograr mayores grados de reconocimiento y ejercicio de los Derechos Fundamentales de la Persona.

 

Sin embargo, muchos ciudadanos ni siquiera saben sus derechos, o cómo reclamarlos, además las instancias que existen para ello en la sociedad padecen de creciente desprestigio. Vuelve a aparecer aquí el tema de la educación cívica mencionado varias veces por el Papa en Cuba. ¿Está bien orientada en este sentido la Educación Cívica que se imparte en las escuelas? ¿Ha priorizado la Iglesia suficientemente este servicio? Un paso muy importante para superar la parálisis política de los ciudadanos y alcanzar mayores grados de ejercicio de los Derechos fundamentales es la creación de estructuras de la sociedad civil (y renovación de las que ya existen) que ayuden a las personas a conocer sus derechos y reclamarlos ante la ley de forma rápida y eficaz.

¿Cómo hacer esto si los cubanos no tenemos ni siquiera la costumbre de asesorarnos en cuestiones jurídicas y cívicas?. El Centro de Formación Cívica y Religiosa ha organizado una Consultoría que funciona hace ya algún tiempo. En este lugar se brinda asesoría para que los ciudadanos puedan, con mayor facilidad, resolver problemas psicológicos, adquirir criterios de juicio que le sirvan para tomar alguna decisión, o para cursar algún trámite legal que necesita y que no sabe cómo realizar. Varios animadores ofrecen este servicio de forma gratuita y ven con tristeza que muchos que lo necesitan no acuden a recibirlo. Es necesario entonces que los ciudadanos tomen conciencia de su propia necesidad, al mismo tiempo que se abran más espacios como este.

En varios lugares del mundo existen consultorías de este tipo, algunas ofrecen especialmente el servicio de ayudar a las personas en litigios relacionados con la reclamación de derechos. Las Comisiones Justicia y Paz de muchas Iglesias particulares también ofrecen este servicio como parte del anuncio profético que acompaña y complementa a la denuncia que realizan sobre las distintas realidades sociales. En nuestro país existe dicha comisión, pero no realiza aún muchos de los servicios que le son propios. Estas instituciones no son opositoras políticas al gobierno sino servidoras de ciudadanos individuales y organizaciones civiles. Me viene a la mente ahora El Defensor del Pueblo, obra que comenzó siendo una pequeña oficina de abogados que ayudaban a las personas a llevar adelante litigios relacionados con reclamación de sus derechos y ha terminado siendo un ministerio del Estado Español al servicio de la defensa de los derechos civiles y políticos.

Reclamar derechos significa muchas veces cuestionar la justicia y eficacia de disposiciones de la dirección del centro de trabajo, o de la escuela; criticar estructuras de la sociedad; pedir el cambio de la letra de alguna ley, o abrir una causa judicial contra un vecino o contra un dirigente del gobierno. No es un secreto que estas cosas en Cuba son vistas de antemano como actos contra la sociedad o desestabilizadores de la seguridad del propio estado. Esto, junto con el carácter inamovible que han demostrado tener muchas estructuras sociales, hace que los ciudadanos no vean utilidad en reclamar sus derechos y que lo vean más bien como un peligro para su propio bienestar.

En Cuba es necesario que todos asumamos actitudes nuevas en materia de derechos humanos. Los ciudadanos por ejemplo debemos procurar una formación cívica que nos permita reconocer nuestros deberes y nuestros derechos, así como los procedimientos legales para hacerlo. Todo ciudadano debe conocer la legalidad de aquellos ambientes donde transcurre su vida, las leyes relacionadas con la vivienda, la escuela, la salud pública, y el trabajo, especialmente los trabajadores por cuenta propia. Debe saber también a dónde dirigirse en caso de reclamaciones, o dónde le pueden orientar. Pero lo más importante es que tomemos conciencia de que el empeño por alcanzar mayores grados de ejercicio de los derechos ciudadanos es un deber, imprescindible como buscar el pan diario, y un aporte al bien común.

Las organizaciones de la sociedad civil son por naturaleza el apoyo de los ciudadanos, y la contraparte crítica del poder político, de modo que la voz de los ciudadanos sea "amplificada" y la autoridad del Estado no sea una pesada carga sobre la persona. Así se contribuye a que el poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia, que lo mantenga en su justo límite (Cf. Juan Pablo II, Centesimus Annus, 44a).

 

El desarrollo de grupos autónomos de la sociedad civil en Cuba no avanza lo suficiente, en parte porque por lo regular los ciudadanos no se empeñan en ello, en parte porque no conocen los mecanismos legales que existen para ello, o porque dichos mecanismos no han demostrado eficacia, o porque los espacios de participación oficiales (muchos de los cuales se han vuelto obligatorios) tienden a "absorber" al ciudadano y éste responde con una especie de rechazo a las reuniones y a los grupos que no sean los informales de la vida cotidiana, los cuales también son muy necesarios.

El Estado entonces debe crear un marco jurídico propicio para el desarrollo de la sociedad civil, permitiendo que haya espacios independientes de éste donde el ciudadano encuentre apoyo en la reclamación de sus derechos.

"Es perfectamente conforme a la naturaleza humana que se encuentren estructuras jurídico políticas que ofrezcan siempre a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, mayores posibilidades concretas de tomar parte libre y activamente, sea en la determinación de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, sea en la gestión de los asuntos públicos, sea en la fijación de los campos de acción y de los límites de los diversos organismos, como también en la elección de los mismos dirigentes. (Constitución «Gozos y Esperanzas» del Concilio Vaticano II, p.75).

 

Las estructuras de poder necesitan contraparte, de forma que sus errores y corrupciones sean siempre denunciados y puedan ser corregidos. Las leyes por sí solas no bastan para garantizar los derechos de los ciudadanos, pues las mismas pueden estar mal dictadas y ser, por tanto, injustas. Son necesarias estructuras de la sociedad civil que sean voz de las personas que no tienen poder o instrucción suficiente en asuntos legales. Acusar a la autoridad en Cuba es considerado prácticamente un delito a priori, sin tener en cuenta que esto es común en la más genuina democracia; dicha situación debe cambiar si se establece en la práctica un ambiente jurídico que lo permita, y los ciudadanos, los grupos y el Estado se disponen al diálogo.

Las organizaciones políticas alternativas que ya existen en Cuba deben procurar el diálogo nacional (que no es solamente el diálogo con el gobierno, sino en todos los estratos de la sociedad), y es tiempo de que su trabajo pase más allá de la denuncia de violaciones de los derechos humanos a la propuesta y realización de nuevas prácticas políticas que usen como método el diálogo. El que denuncia lo injusto hace un gran servicio, pero de poco vale denunciar sin anunciar, sin proponer la solución.

Cuba vive un momento crucial de su historia y todos debemos comprometernos en él para salvar a la perla de las Antillas de "llantos y afán" de manera que atraviese el umbral del progreso y la democracia junto a otros pueblos del mundo.

 

11 de abril de 1998,

Festividad del Corpus Christi.