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noviembre-diciembre. año I. No. 4. 1994 |
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A DEBATE |
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DERECHOS HUMANOS Y ESTADO DE DERECHO por Eurípides Valdés Lobán |
Ante todo permítanme excusarme por adelantado por dos razones principales, primera, haber escogido un título para exponer mis tesis al respecto tan abarcador y rimbombante que por ello excede mi intelecto y hiere mi modestia, y en consecuencia, ello me conduce a la segunda excusa, el estar convencido de no poder satisfacer todas las expectativas que el mismo puede despertar en los lectores. Por todo ello, tómese este artículo como una incitación a la reflexión y a la polémica sobre tan complejo asunto. Es curioso apreciar que los fundamentos doctrinales de ambos institutos (estado de derechos y derechos humanos) están dados desde el Iluminismo y en particular desde la proclamación de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Francia de 1789, ello sin lugar a dudas no es casual, toda vez que desde sus inicios se ha asociado la existencia de un estado de derecho con el respeto a un conjunto de derechos individuales y subjetivos inmanentes al hombre, al ser humano como ente natural. Lógicamente esto pone al descubierto el gran trasfondo político y clasista que encierran ambas conceptualizaciones, lo que ha tomado un énfasis particular, con carácter hasta virulento en ocasiones durante los últimos años, al convertirse las mismas en categorías utilizadas como elementos de política exterior oficial de los estados en el ámbito de la confrontación internacional; claro está, sin olvidar que en el diferendo histórico cubano-norteamericano ocupen ya un lugar tristemente privilegiado los postulados acerca del estado de derecho y los derechos humanos. Aunque categorías politizadas extremo, defendemos el criterio que ambas son la expresión en el plano teórico doctrinal de fundamentos éticos y jurídicos valederos, como resultado de todo un pensamiento humanista que lejos de desechar por etiquetearlo metafísicamente de burgués, debemos asumirlo y asimilarlo en justa medida y profundidad para sustentar y darle viabilidad al ideal profundamente humanístico del proyecto social socialista cubano. Refirámonos brevemente al sistema de los Derechos Humanos en su contenido y alcance dentro de los instrumentos de Naciones Unidas. Al respecto debemos destacar y puntualizar que el sistema de su instrumentación no se agota ni mucho menos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, al estar en vigor también el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos; el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales; la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; la convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio; la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; la Convención sobre la esclavitud; y la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, entre otros muchos instrumentos legales más, de menor jerarquía normativa. Ahora bien, a pesar esta prolífera regulación internacional, debemos tener en cuenta que desde la aprobación de la Carta de la ONU en 1945, se ha regulado específicamente que asegurar los principales derechos y libertades del hombre es asunto de la competencia interior de los estados; es por ello que la elaboración de normas internacionales que regulan los derechos y libertades fundamentales de los hombres son sólo la expresión jurídica de las posiciones en que se ha logrado concenso entre los estados signatarios de las mismas. Consecuentemente con ello, el paso siguiente a dar por cada estado signatario debe ser su reconocimiento jurídico y estatal hacia el interior del país, la formulación de leyes y su puesta en práctica en la vida material de los ciudadanos en sociedad; en resumidas cuentas, que el método para aplicar esas normas internacionales es asunto privativo de cada estado, y son éstos los encargados de asegurar las medidas legislativas y otras necesarias para la materialización de los derechos y libertades fundamentales de los hombres reconocidos en los citados documentos internacionales. A estas alturas de la exposición nos entroncamos necesariamente con la famosa polémica de la inefectividad y falta de coercibilidad del Derecho Internacional Público en general y de los mecanismos de Naciones Unidas en particular, tema sumamente polémico sobre el que sólo queremos apuntar que en los momentos actuales se vislumbran varias aristas interesantes que alimentan el fuego del debate, tales son, por sólo citar las más relevantes, la Guerra del Golfo contra Iraq y la "humanitaria" intervención que se llevó a cabo en Somalia; los llamados a legitimar el concepto de "soberanía limitada"; la sobrogación de funciones de la Asamblea General por parte del Consejo de Seguridad; el intento de convertir a Naciones Unidas en un ente supranacional en violación de su carta constitutiva; y la introducción en la práctica de aplicar selectivamente los instrumentos y mecanismos de Naciones Unidas, en detrimento del principio de igualdad soberana de los estados. Todo ello ilustra y desnuda al mundo político unipolar e imperial al que estamos abocados a vivir todos los habitantes del planeta Tierra en los últimos años de la presente centuria que concluirá el siglo XX. Cuba vive y tiene que insertarse en él, no siéndole ajeno en absoluto sus embates y embestidas, y para demostrárnoslo ahí están los caprichosos hechos, citemos sólo a modo de ejemplo la evolución que han sufrido los acontecimientos en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, en el caso del "Expediente Cuba", desde su 43 período de sesiones -del año 1987- hasta lo ocurrido en las sesiones del 50 período que se desarrolló en el primer trimestre del presente año. En este mismo contexto internacional se exige también por los centros de poder hegemónicos imperiales, además del respeto a los Derechos Humanos con un alto grado de politización y manipulación, la existencia legal y legítima de un estado de derecho, como rasero de la existencia de un régimen democrático, a la usanza y semejanza del modelo liberal burgués de la tripartición de poderes y de los mecanismos de democracia representativa. También en aspecto tan sensible politizado e ideologizado como éste. Cuba está en la mirilla del poder político unipolar del mal llamado mundo de la "postmodernidad", en el que suenan trompetas heráldicas de triunfo clamando por el "fin de la historia", la muerte y entierro del "socialismo" y el triunfo irreversible del modelo burgués de desarrollo económico, político y social, que ha emergido después de haber triunfado en la guerra fría con carácter universal y globalizador en acto poco digno de autosuficiente autoproclamación. Ante estas realidades insoslayables los que como yo defendemos el proyecto social socialista como acto de genuina fe, no podemos asumir la posición, incómoda por cierto, de defensa del avestruz, y mucho menos la del bochorno o la renuncia de los que perdieron la fe, sino que lo que tenemos que hacer es luchar por demostrar la eficiencia y efectividad del proyecto hasta lograr su perfectibilidad y poder garantizar a todos los ciudadanos no solamente una existencia digna desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales, sino también un disfrute sin paralelo ni parangón de los derechos civiles y políticos, hoy por hoy el talón de Aquiles por el que en todas las latitudes se ataca al socialismo, máxime con el destape de los hechos divulgados después del derrumbe de aquello que se dio en llamar "socialismo real" pero que realmente nunca fue socialismo por totalitario, antidemocrático, burocrático y enajenante. No menos importante será darnos en plenitud de posibilidades un estado de derecho y educarnos consecuentemente con él, sin prejuicios mojigatos con el tema ni ruborizaciones "izquierdistas" extemporáneas por el uso y utilización práctica de esta categoría, donde lo importante y esencial en el debate y criterio de acción no sea el término o concepto (¿burgués?), sino su contenido y sustancia, única vía a mi modo de ver para lograr desarrollar toda una doctrina científica y revolucionaria al respecto y una práctica consecuente con dicha sustentación teórica en que, en fin, se logre el monopolio y predominio absoluto de la ley no por ejercicio normativista sino por sustentación principista filosófica y jurídica de hondo contenido humanista. Quiero concluir estos apuntes para el debate y la polémica reafirmando mi convicción más plena en la justeza, legitimidad y viabilidad del ideario socialista, materializable sólo en un estado donde el ser humano sea el principio y el final de su razón de ser y donde el derecho, la ley, garantice el disfrute de la plenitud ciudadana. En fin, tengo fe en un estado de utopía real donde podamos construir en Cuba los cubanos de buena voluntad ( al decir del Maestro), sin engaños que vengan del este ni del oeste, el "real socialismo" que nos falsearon los que decían haber construido el "socialismo real", inspirados, por qué no, en los ideales redivivos del iluminismo de libertad, igualdad y fraternidad, qué así sea!. 2 de agosto de 1994 , "Año 36 de la Revolución"
Antonio Manuel Padovani Cantón. La democracia es una forma de gobierno que surge en la antigua Grecia, en la ciudad –estado de Atenas, el término significa “gobierno del pueblo” (demos. Pueblo, cratos: gobierno). En el estado ateniense todos los ciudadanos eran convocados a la plaza pública para discutir los asuntos del estado a viva voz; allí los gobernantes eran elegidos o revocados, se debatían los problemas de interés general, se tomaban decisiones y se valoraban las proposiciones de los gobernantes, llegándose a acuerdos que estos debían cumplir.
El sistema electoral cubano está concebido de forma altamente democrática: grupo de ciudadanos (circunscripción) se reúnen y sin que medien promesas electorales y sin que participa partido político alguno, nominan al que consideran más capacitado para representarlos, lo eligen y este delegado participa en el órgano de Gobierno Municipal (Asamblea en representación de sus electores, allí participa en la elección de la Comisión Electoral Municipal, la cual acoge los candidatos al Gobierno Provincial y Nacional (diputados) los que son sometidos a ratificación popular por medio de una votación donde se requiere que obtengan más del 50% de los votos en los colegios electorales correspondientes. Estas instancias de gobierno (provincia y nación) no son elegidos directamente por la población, sino por las comisiones electorales y son ratificados por le voto popular. Por lo tanto, nuestro sistema electoral garantiza que cada grupo de ciudadanos pueda sentirse representado en el gobierno en la figura del delegado que él eligió y la calidad y representatividad de nuestro gobierno está determinada por la calidad y representatividad de todos y cada uno de los delegados electos. Como vemos nuestro sistema electoral está organizado de forma tal que si se logra una elección de los mejores a nivel de circunscripción se consigue un gobierno altamente representativo y que exprese los genuinos intereses de nuestra población, gobierno que está por tanto, por encima de los intereses de grupos o partidos, cosa esta que no puede ser lograda en los sistemas electorales en los cuales los representantes son postulados por partidos y por tanto, están obligados a servir a los intereses de los mimos. Si por el contrario se eligiese a personas que no corresponden a los intereses de sus electores, el gobierno no responderá a estos intereses, sino a los de ellos mismos o a los de grupos dentro de la población, esto sería una falta del sistema electoral cubano por mala selección de los representantes en la base. La calidad del gobierno está en manos de los electores de cada circunscripción, que al elegir al representante de la misma determinan la composición de las asambleas municipales e indirectamente la de todas las instancias del gobierno que debe ser, como lo planteaba Martí “CON TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS”. La respuesta a la interrogante de que si es o no democracia nuestra forma de gobierno sólo la puede dar el pueblo al seleccionar a los mejores para que lo representen, o por lo contrario, al permitir que personas que no sean capaces de decidir libremente quienes serán portadores de su voz y de su voto en los órganos de gobierno.
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